Juez remueve representantes legales y asesores jurídicos de la UAS

Culiacán, Sin.- Tras seis horas de audiencias, el juez de control, Adán Alberto Salazar Gastelum, aprobó el remplazo de representantes legales y asesores jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en las causas penales 918/2023 y 1117/2023, por la supuesta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas y la compra de 67 millones de pesos en carne.

En esta audiencia se imputa al rector separado temporalmente de su cargo, Jesús Madueña Molina; el exrector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera; y los integrantes del Comité de Adquisiciones, por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

La Fiscalía solicitó al juez de control, Adán Alberto Salazar Gastelum, se considerará la existencia de un conflicto de interés con respecto a los representantes legales y asesores jurídicos de la UAS, al considerar que estos actuaban a favor de los intereses de los imputados, especialmente de Jesús Madueña Molina.

Argumentaron que en la audiencia inicial, escudándose en la autonomía universitaria, se pronunciaron en contra de la separación del cargo del entonces rector y contralor social de la UAS, ya que solo el Consejo Universitario podía incidir en esta decisión.

Además que Yamir de Jesús Valdéz Álvarez, representante legal de la UAS, invitó al juez a participar en la manifestación en contra de la violación universitaria.

En el caso de Robespierre Lizárraga Otero, este solicitó juicios de amparo y recursos de quejas en favor de los imputados.

También señalaron que los defensores de la Universidad participaban, junto a los imputados, en programas de Radio UAS, donde desvirtuaron los trabajos de la Fiscalía.

Otro de los argumentos, fue que algunos abogados de los imputados son trabajadores de la UAS, por lo que son pagados con recursos de la Universidad.

Puntualizaron que desde el inicio de las audiencias, los representantes legales de la UAS han negado la entrega de información, por lo que defienden intereses y no de la Casa Rosalina.

LA SOLICITUD

La Fiscalía solicitó al juez la revocación del representante legal de la UAS, Yamir de Jesús Valdéz Álvarez, y los asesores legales de la Universidad, Rogelio Aurelio Morones, José Ramón Bonilla Rojas, Jesús Moroni Arellano y Sanjay Molina Arellano, y se evite tomar protesta a cualquier otro universitario, ya que obedecen a funcionarios de alto nivel de la Casa Rosalina, y pidieron se le designen defensores públicos a la Universidad.

DEFENSA UNIVERSITARIA

En su defensa, los representantes de la UAS argumentaron que no tienen ningún interés personal con los imputados, ya que son empleados de la Universidad y no de los imputados, por lo que Jesús Madueña Molina no es su superior jerárquico.

Aseguraron que actuaron conforme a derecho y en todo momento velaron por los intereses de la autonomía universitaria.

En cuanto a los recursos promovidos por Robespierre Lizárraga Otero, informaron que estos trámites se realizaron como representante del Consejo Universitario y no a título personal.

Con respecto a la información solicitada por la Fiscalía, afirmaron que si ha estado entregando la documentación solicitada y la que no se ha entregado ha sido porque se encuentran sin control judicial.

Argumentaron que de acuerdo con la ley al interior de la universidad, solo el Consejo Universitario tiene la facultad de remover y nombrar rectores.

Por último, informaron que la comunidad universitaria tiene repudio hacia el actuar de la Fiscalía y está en todo derecho de expresarse a través de Radio UAS u otros medios.

LA RESOLUCIÓN

Tras un receso de más de 30 minutos, el juez determinó se actualizaba el conflicto de intereses, dependiente del acto de asesoría y representación legal.

Adán Alberto Salazar Gastelum señaló que no se estaba haciendo valer los derechos de la UAS consagrados en la Ley General de Víctimas.

Detalló que al negarse a la solicitud de vinculación de proceso y la no separación temporal del cargo de Madueña Molina se alentaba contra los principios del sistema penal; que en todo momento busca esclarecer los hechos, que no queden impunes y la reparación del daño.

También se atentó contra estos principios al interponer recursos para que el rector regrese a su cargo, aun cuando existe la posibilidad de una conducta delictiva.

Además, que Sanjay Molina Arellano fungió como abogado de tres imputados y el hecho de que el UAS contrató los servicios del despacho de abogados de Julio Hernández Barros, quien posteriormente defendió a un imputado, lo que los llevó a representar a ambas partes, lo que el juez consideró una clara evidencia de conflicto de interés.

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El juez determinó el remplazo de los representantes legales y asesores jurídicos de la UAS, e informó que posteriormente se determinará la fecha para la audiencia en la que se le designará una defensa pública a la Casa Rosalina.

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Con información de LosNoticieristas