Presentan iniciativa para que Tribunal Universitario de la UAS sea contrapeso del Consejo Universitario

Culiacán, Sin.- En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa más para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en esta ocasión, corresponde para que se eleve a rango de autoridad el Tribunal Universitario y con esto sea un contrapeso al poder del Consejo Universitario, sin que se trastoque la autonomía, pero que tenga facultad de revisar actos de autoridad.

La iniciativa fue presentada por integrantes de Civitas Universidad cuyo presidente, Rubén Ibarra Martínez señaló que, los universitarios están desprotegidos ante los actos de autoridad arbitrarios que resultan de la toma de decisiones del máximo órgano de poder con el que actualmente cuentan, es decir, del Consejo Universitario.

“No existe un órgano de control que pueda corregir, enmendar o sancionar actos de autoridades colegidas como el Consejo Universitario. Esta iniciativa para devolverle, restituirle al tribunal universitario esa facultad de autoridad que pueda ser una figura de control”, subrayó.

Por su parte, el diputado sin partido Sergio Mario Arredondo Salas manifestó que esta reforma a la UAS tiene como fin entregarle a la comunidad universitaria un ente con autonomía dentro de su autogobierno donde se puedan dirimir y aquel universitario que pueda estar sujeto a un acto de ley, se le respeten sus derechos.

“Es lo que queremos que también exista en la Universidad Autónoma de Sinaloa, un espacio donde se puedan proteger y hacer valer los derechos de los sinaloenses y de los universitarios y de la comunidad en su conjunto”, dijo.  

Finalmente, aclararon que este tribunal ya existe, pero no tiene facultades de hacer observaciones a los acuerdos que se toman en el Consejo Universitario. La propuesta es que sea conformado por 5 integrantes; los candidatos deberán demostrar experiencia profesional de cuando menos 5 años en el área del Derecho, ya sea como académicos, investigadores, jueces, litigantes o defensores de los derechos humanos, además de acreditar que durante los 5 años previos a su postulación, no hayan estado afiliados a ningún partido político, no hayan sido parte de la administración universitaria y ni tampoco funcionarios públicos de primer nivel en el gobierno federal, estatal o municipal.

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Con información de LosNoticieristas