Tras 12 horas de audiencia, vinculan a proceso a rector de la UAS por no dejar auditar a la universidad
- Sinaloa
Ruben Zatarain
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Culiacán, Sin.- Tras una maratónica audiencia de 12 horas, este lunes 21 de agosto fue vinculado a proceso el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, por el delito de abuso de autoridad en perjuicio del servicio público.
La continuación de la audiencia inicial comenzó esta mañana a las 9:00 horas y concluyó minutos antes de las 21:00 horas en la sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral, zona centro, en Aguaruto, donde decenas de universitarios permanecieron afuera pese al sol, calor y la lluvia de esta tarde noche en Culiacán.
La carpeta de investigación se inició tras una denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio del servicio público.
Esta denuncia presentada por la ASE, se interpuso luego de que la máxima casa de estudios no permitió una auditoría. Fueron al menos dos visitas que realizaron auditores de la ASE y se les negó la documentación requerida. También un intento de cateo.
La formulación de imputación en contra de Madueña Molina se llevó a cabo luego de que el apoderado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, en su representación, no proporcionó información, documentación ni facilitó un lugar para que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizará la auditoría de recursos públicos estatales y propios, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.
Las autoridades de la UAS argumentaban que se trata de recursos propios que la ASE no tiene facultad de auditar, además que la universidad ya ha sido y está siendo auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el delito de abuso de autoridad. En los últimos días, el rector justificó que el Gobierno del Estado no había otorgado recursos a la universidad en el 2022, que se trataba de recursos federales. Gobierno respondió con documentos de Finanzas que sí habían realizado trasferencias.
La Fiscalía señaló que ante la notificación de la ASE, correspondiente a la auditoría, Robespierre Lizárraga solicitó que el asunto se declarara concluido y archivado, por considerar que la ASE no tenía competencia para fiscalizar los recursos de la UAS.
Además ofreció como datos de pruebas múltiples reportes de personal de la ASE que se presentó en rectoría de la Casa Rosalina para notificar y realizar la auditoría, pero se les fue negado. Otro dato de prueba presentado, fueron múltiples depósitos con un monto superior a los 2 mil 545 millones del Gobierno del Estado de Sinaloa.
La defensa del rector de la Casa Rosalina alegó que estrictamente Maduela Molina no caía en la descripción de funcionario público; que los recursos otorgados por Gobierno del Estado eran federalizados y no de recaudación estatal, por lo que la Auditoría Superior del Estado no tenía argumentos para fiscalizar a la UAS, y que en este sentido se contaban con dos amparos ante el juez primero de distrito; señalaron que en ningún momento quedaron claros los detalles de cuándo y cómo actuó el rector para impedir que se llevará a cabo la auditoría, entre otros argumentos.
Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público y la defensa de los abogados, el juez de control Adán Alberto Salazar Gastélum consideró insuficientes estos argumentos y que había elementos de prueba de la probable comisión de un delito por parte del rector de la UAS y determinó vincularlo a proceso.
Se otorgó un plazo de tres meses para investigación complementaria y se programó la audiencia intermedia para el 21 de noviembre.
Al final, los universitarios protestaron su inconformidad al grito de ¡Fuera Rocha!.
Robespierre Lizárraga
En el caso del otro personaje involucrado en esta causal penal, el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, vio postergada su audiencia inicial.
El abogado de Robespierre Lizárraga, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, no se presentó a la audiencia y en su lugar mandó un justificante médico por parte del doctor Jesús Audomar Iribe, en el cual se explicaba que había sufrido una crisis de cardiopatía hipertensiva y requería de 10 días de reposo absoluto.
Ante esta situación el juez de control, Adán Alberto Salazar Gastelum, difirió la audiencia inicial para el próximo 05 de septiembre.
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Con información de LosNoticieristas
